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Desde la filosofía política no son pocas las definiciones de Estado y cómo este se representa
pragmáticamente en la estructura social y el consciente de la sociedad de época. Desde las
propuestas de Platón hasta las de Friedman, en la Universidad de Chicago, la existencia del
monopolio o control de los aparatos de coerción disponibles son la definición ontológica del
concepto. Esto supone la necesidad de unos de dominar a otros.
Para el mundo occidental esta premisa ha tratado de ser invisibilizada a través de su denostación y demonización desde la década de los 70, coincidentemente a la par de la instalación violenta de modelos económicos neoliberales. Bajo la falacia de las democracias participativas, las relaciones de injusticia estructural que subyacen a la necesidad de dominar y controlar parecen ingenuas o naturales. Pues no.
La pandemia que ha azotado al mundo desde marzo de este año ha puesto en jaque a los gobiernos del orbe. Sin distinción, se han dispuesto a la tarea de superar la crisis sanitaria y mantener el orden establecido, asimilado como lo natural o bueno.
Para el caso de Chile, un país que despertaba socialmente –con fuerza- desde el último trimestre del año anterior, el desempeño político de la clase gobernante, ante los azotes del COVID-19, jugaba un papel fundamental para mantener el imaginario de civilidad, orden y desarrollo ya en jaque. No obstante, las demandas sociales instaladas por las movilizaciones de octubre, si bien tensionaron las bases fundantes del sistema político y económico imperante, no instalan el debate en torno a la perversión del modelo ideológico instalado. Las demandas sociales de octubre aun confiaban en la reconversión de un sistema con las herramientas entregadas por los propios dueños del sistema.
¿Es posible que quienes detentan el control de los aparatos de coerción se dispongan a entregarlos voluntariamente y a razón de la justicia verdadera? La historia ha dicho que no.
“No podemos seguir parando la economía, debemos tomar riesgos, y eso significa que va a morir gente” (José Manuel Silva de Larraín-Vial)
La crisis sanitaria nos ha aportado más antecedentes que se han se sumar a la lectura espontánea hecha en el fragor de las movilizaciones de octubre 2019, desenmarañando la contradicción de clases que soportan el estado actual de las cosas: Para quienes hoy detentan el poder, la vida de los trabajadores está por debajo de la necesidad de proteger las
inversiones y el capital. ¿Qué es eso sino la manifestación genuina de la defensa de la Clase dueña del capital? ¿Qué es, sino la relativización del valor humano de aquellos hegemonizados por esa clase?. Pero persiste el empeño de obviar la discusión clasista del problema.
Las necesidades de cuarentena y aislamiento recuperativo en los sectores populares, donde el hacinamiento es una categoría desconocida en tanto esas condiciones de precariedad han sido naturalizadas por décadas, son una bofetada de hierro en la cara de los privilegiados indolentes que esperaban desentenderse del “estallido social”; desesperados, para no quedar nuevamente en evidencia, apuran la instalación de la “nueva normalidad” y luego el concepto de “Retorno Seguro”, para ello despliegan el uso de todas las formas de coerción disponible, fundamentalmente la ideológica: Intentan secuestrar a los trabajadores del Estado para tender la escenografía con la que esperan disimular el incremento de contagios.
So pretexto de asegurar que los servicios del Estado estén disponibles para la gente, el gobierno está disponiendo de recursos económicos, físicos y humanos, distintos del ejército y las policías, para “construir” una nueva realidad. El gobierno, defensor de los intereses de su clase, espera utilizar a los trabajadores y trabajadoras de Estado para comenzar un nuevo acto que busca distraer las miradas de la ciudadanía y del pueblo en su conjunto a través del reciclado mito de la reactivación.
Qué caso tiene cuidar las vidas de aquellos que con su esfuerzo echan a andar la maquinaria de la producción, de los servicios, de las obras de construcción; qué caso tiene si el comercio sigue cerrado. Por qué pagar salarios a quienes están en sus casas. Que impúdico predicamento.
Waldo Lastarria
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